La actividad -en la que participó el sector inmobiliario, hotelero, acuícola y servicios sanitarios, entre otros- contó con la apertura del Superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De La Maza y se orientó a explicar cómo operan los Programas de Cumplimiento (PdC).

Valdivia, 09 de septiembre de 2021.- El Superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De La Maza, inauguró esta mañana el Taller “Programas de Cumplimiento como Instrumento de Gestión Ambiental”, dirigido a titulares del sector inmobiliario, hotelero y acuícola, entre otros, y organizado por la Oficina Regional en conjunto con el Departamento de Gestión Institucional (DGI) y el área de Fiscalía.

Al respecto, el Superintendente De La Maza explicó que se trata de un mecanismo contemplado en la ley orgánica de la SMA (LOSMA) que permite a las empresas retornar al cumplimiento ambiental y recomponer confianzas con las comunidades, por lo que se transforma en una solución concreta a un procedimiento sancionatorio al permitir a los titulares subsanar sus incumplimientos.

El encuentro que estuvo a cargo de Eduardo Rodríguez, jefe de la Oficina Regional y de Macarena Meléndez, Fiscal Instructora asociada a la región, tuvo por objetivo revisar y explicar la aplicación de estos PdC como instrumento de gestión ambiental bajo determinados requisitos y una estricta supervisión de la SMA.

Rodríguez añadió que es necesario recalcar que en ningún caso significa un “perdonazo”, pues un Programa de Cumplimiento exige metas concretas, acotadas en tiempo, con elevados costos de inversión, y en caso de no cumplirse se reinicia el sancionatorio donde la multa que se aplica puede llegar al doble de la original”, explicó Eduardo Rodríguez.

Al término de la presentación, se dispuso de una ronda de preguntas que fueron resueltas por la Fiscal Instructora en conjunto con Eduardo Rodríguez.

El Programa de Cumplimiento al igual que la auto-denuncia y el plan de reparación son mecanismos de incentivo al resguardo ambiental que establece la Ley Orgánica de la SMA, siendo el PdC al que se acogen más del 50% de los infractores, debiendo cumplir con los requisitos de integridad, eficiencia y verificabilidad según estipula la normativa.