La Ley N°20.290, de 2016, que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje (“Ley REP”) tiene por objeto disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, a través de la instauración de la responsabilidad extendida del productor y otros instrumentos de gestión de residuos, con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente.

El Ministerio del Medio Ambiente es la entidad encargada de establecer mediante Decretos Supremos las metas de recolección como de valorización de los residuos de productos prioritarios.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es el órgano competente para fiscalizar del cumplimiento de las metas de recolección y valorización de residuos de cada producto prioritario y de las obligaciones asociadas, contenidas en el decreto respectivo, como, asimismo, del funcionamiento del sistema de gestión, el cumplimiento de los deberes de información y otras obligaciones establecidas en la Ley N°20.920.