La actividad, convocada por la Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental (Redlafica) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contó con ponencias de Cepal, Banco Mundial, Procuraduría Federal de Protección Ambiental del Gobierno de México, y la exposición de la ministra del Medio Ambiente de Chile, Maisa Rojas.

25 de julio 2022, Santiago de Chile. El pasado viernes 22 de julio, y con cerca de 150 personas conectadas, se realizó el Webinar “Participación ciudadana, plataformas y su relación con el acuerdo de Escazú”. La actividad forma parte del programa anual de la Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental (Redlafica) 2022 y contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), formando parte del Diálogo Regional de Políticas de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental en su versión 2022.

La actividad fue iniciada por Óscar Came, Jefe de la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales del BID, quien dio la bienvenida a los asistentes y resaltó la importancia de estos eventos multilaterales que reúnen a distintos países de la Redlafica, con la cual el BID tiene una estrecha relación. Luego, este webinar fue conducido por Cristián Pérez, especialista del BID.

Posteriormente, el Superintendente del Medio Ambiente (S) de Chile, Emanuel Ibarra —quien es el presidente pro tempore de Redlafica— agradeció la instancia que permite la colaboración entre distintas organizaciones de América Latina en torno al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú. Al respecto reflexionó sobre la importancia de dicho acuerdo “que tiene el objetivo de garantizar la participación, transparencia y el acceso a la justicia ambiental, temas que tradicionalmente se han visto como un obstáculo para el desarrollo de proyectos. Pero muchos organismos públicos hemos visto que esto, más que poner una traba a la economía, permite el desarrollo de proyectos y disminuye la judicialización, al tener más transparencia desde el inicio de la tramitación de licencias ambientales hasta una adecuada fiscalización. Los invito a pensar en este desafío en la jornada”, sostuvo.

Luego fue el turno de la exposición de Gabriela Burdiles, Oficial Asociada del Acuerdo Sobre el Acceso del Acuerdo de Escazú de la CEPAL, quien realizó una exposición detallada de dicha instancia y sus aspectos centrales. En ese sentido, destacó que Latinoamérica y el Caribe están enfrentando fuertemente la crisis de cambio climático, contaminación, biodiversidad. En esta última materia “Latinoamérica es una de las regiones que más biodiversidad ha perdido”, explicó la especialista, añadiendo que en cuanto a conflictos ambientales —según cifras del ATLAS de la Justicia Ambiental— en América Latina se concentran 1.013 casos de los 3.705 a nivel mundial, representando un 27%. “En ese sentido, Escazú se construye sobre el concepto de democracia ambiental. En el trasfondo, permitirá dar confianza en las decisiones, prevenir conflictos, transparencia, seguridad jurídica y Estado de derecho”.

Posteriormente fue el turno de Juan Martínez, Líder de la Practica Social, Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales del BID, quien explicó que el acuerdo de Escazú conversa con el Marco de Política Ambiental y Social del banco, el cual fue aprobado a fines del año 2021 y cuenta con 10 normas o estándares. En ese sentido, tiene complementariedad con el acuerdo, pues el “Respeto de los DD.HH., la no discriminación e inclusión de grupos vulnerables, el establecer un enfoque sistemático de participación de las partes interesadas y un compromiso participación abierto, transparente e incluyente, a lo largo del ciclo de vida de las operaciones financiadas”, son sin duda normas que se entrelazan con el espíritu del acuerdo.

Por su parte, Bastián Gonzalo Pastén, Especialista Senior en Desarrollo Social del Banco Mundial, coincidió con la visión del BID: “la banca multilateral está tendiendo a una estandarización de mecanismos de evaluación y gestión de riesgos, dándole un mayor énfasis a la dimensión social de los proyectos. En este sentido, el Acuerdo de Escazú viene a fortalecer los sistemas nacionales, refuerza el multilateralismo y ayuda a la gobernanza ambiental”.

Luego, vino la presentación de la Ministra de Medio Ambiente de Chile, Maisa Rojas, quien hizo énfasis en que Chile se unió a los 24 países ya firmantes del Acuerdo de Escazú “con una aprobación en el Congreso que fue transversal. La democracia ambiental fue bastante bien recibida”, explicó. Asimismo, destacó que Chile tiene bastantes avances en línea con dicho acuerdo, como la Ley 20.285 de Transparencia, la Ley Bases Generales de Medio Ambiente, la Ley Marco de Cambio Climático, entre otras. En tanto, respecto a desafíos, comentó que recientemente se comenzó a aplicar la transmisión en directo de las sesiones del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, lo cual va en línea con la transparencia y participación ciudadana.

A su vez, Rojas destacó que el acuerdo de Escazú va en línea con el “concepto de transición socio-ecológica justa que promovemos como primer gobierno ecológico. Esta transición busca llevar adelante un proceso, donde el concepto de ‘justo’ va en línea con dar prioridad a los territorios más vulnerables. Esto pensando en que los costos del desarrollo no los sigan pagando los mismos de siempre, por ello estamos comprometidos a ir sacando las energías contaminantes y pasar a nuevas energías limpias o verdes, con énfasis en esos territorios que tristemente habían sido llamados ‘zonas de sacrificio’, pero que ahora queremos nombrarlos como ‘zonas de transición´”, explicó.

El taller finalizó con la exposición de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, PROFEPA, del Gobierno de México. Florisel Santiago, Directora General de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social, explicó el procedimiento de denuncia popular y de inspección como mecanismos de acceso a la justicia ambiental. Informó que cuentan con diversos canales para estas denuncias: telefónica, correo, portal, presencial. Y esto, da lugar a procesos administrativos para la fiscalización y reparación ambiental. “Es un avance importante para nosotros. Es la base para ir implementando el Acuerdo de Escazú que es muy importante para América Latina y avanzar en justicia ambiental”, sostuvo.

Por su parte, Maxime Le Bail, Director de Área Cooperación Internacional de PROFEPA comentó un acuerdo de colaboración que tienen México y Argentina para intercambiar experiencias y herramientas para implementar el acuerdo de Escazú. Este se basa en 4 ejes: diseño y manejo de sistemas de información; mecanismos de participación pública; educación, capacitación, sensibilización en materia ambiental y el análisis comparativo de marcos institucionales. En ese sentido, explicó que se realizarán visitas de campo en ambos países para “poder entender los retos del territorio, ya que hay que reflexionar respecto a la justicia ambiental: no se puede esperar que una persona de un área desprotegida, que no conoce sus derechos pueda reclamarlos. En Latinoamérica tenemos muchas comunidades indígenas donde no todos hablan español, donde hay dificultades geográficas, sociales, y todo eso debe levantarse y recogerse a la hora de generar políticas de acceso a la justicia ambiental”, reflexionó.

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