El Acuerdo de Escazú destaca la necesidad de una participación activa y significativa del público en las decisiones ambientales, un derecho que se relaciona con el principio de gobernanza, que promueve la inclusión de diversos actores en la creación de políticas ambientales.

En el Plan Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú, considero la creación de un sistema de gobernanza que incluye una instancia nacional de participación formal y otras instancias regionales. Entre ellos, se encuentra el Consejo Nacional Estratégico Público-Privado, que contará con un grupo ampliado para incorporar a distintos sectores de la sociedad civil. A nivel regional, podrán crearse Comités Estratégicos Regionales o llevarse a cabo actividades de seguimiento a través de los Consejos Consultivos Regionales del Medio Ambiente.