El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina, adoptado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica, es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el único en el mundo que incluye medidas específicas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos en temas ambientales. El acuerdo, surgió para fortalecer la implementación de los derechos de acceso establecidos en el Principio 10 de la Declaración de Río, que permiten abordar conflictos socioambientales desde su origen y promueven decisiones respaldadas por la ciudadanía, contribuyendo a la paz social y el desarrollo sostenible.

Con 24 países firmantes y 16 Estados Parte, el Acuerdo busca reforzar la democracia ambiental, los derechos humanos y la protección del medioambiente, apoyando además el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Su máximo órgano, la Conferencia de las Partes (COPS), supervisa su implementación y asegura la participación pública en su evaluación.

En Chile

Chile, como Estado Parte del Acuerdo de Escazú desde el 11 de septiembre de 2022, ha trabajado con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para evaluar el cumplimiento de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, y la protección de los defensores ambientales. Además, con apoyo de la CEPAL se creó un mapa de actores y una propuesta de gobernanza interinstitucional.

En 2023, el Ministerio del Medio Ambiente comenzó a elaborar el Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú Chile 2024-2030 (PIPE), con la participación ciudadana para identificar brechas y definir medidas prioritarias. Tras un proceso participativo y una consulta pública, el plan fue aprobado el 15 de abril de 2024.

El Plan se organiza en cinco áreas clave:

• Acceso a la información ambiental
• Participación en decisiones
• Acceso a la justicia ambiental
• Protección de defensores y defensoras ambientales
• Fortalecimiento de capacidades y cooperación

Actualmente, se trabaja en la instalación del mecanismo de ejecución y control del plan, que incluirá la difusión de avances y la creación de una Gobernanza de Escazú para su seguimiento.