• En la instancia se abordó la definición de impacto transfronterizo, la normativa de la región, casos de contaminación actividades extractivas y los acuerdos y tratados de cooperación, entre otras temáticas.
  • Esta actividad es la tercera y última de una serie de talleres ambientales y sociales que está desplegando el BID, a través de la Consultora Social Capital Group, en el contexto del plan de acción 2023 con REDLAFICA.

Ciudad de México, México 22 de noviembre de 2023. Durante esta jornada la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) de México, de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Consultora Social Capital Group (SCG) llevaron a cabo el taller sobre los “Impactos Ambientales Transfronterizos y Consecuencias Sociales”. Esta actividad corresponde a la tercera y última instancia de los talleres de formación que cubren temas ambientales y sociales relevantes que está desplegando el BID a través de su plan de acción 2023 con REDLAFICA y que contó con la participación de más de 30 personas representantes de la red.

El Encargado de la Dirección General de Asistencia Técnica Industrial de la PROFEPA, Felipe de Jesús Olmedo, comenzó la reunión enfatizando que “el objetivo central siempre será alcanzar una mejora continua entre los distintos países y poder entender cómo es que se manejan las actuaciones de los movimientos transfronterizos de mercancías y de esta forma poder determinar en su caso cómo se constata y verifica el cumplimiento a la legislación ambiental y todas aquellos mecanismos derivados para aquellos casos de incumplimiento”.

Asimismo, Juan Martínez, especialista Líder Social de la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales del BID agregó que: “Es primordial que en estas instancias se generen pautas de cómo poder lograr una combinación más estrecha entre los diferentes miembros de la REDLAFICA. La señal por parte del Banco Interamericano de Desarrollo es seguir fortaleciendo el desarrollo y tenemos particular interés de que estos insumos técnicos puedan realmente fortalecer ese proceso de licenciamiento, proceso de fiscalización y que de alguna manera las diferentes instituciones participantes pudieran asumir ese compromiso de cómo monitorear que se apliquen estos conocimientos”.

En primer lugar, se definió lo que sería un impacto transfronterizo como todo impacto no necesariamente de naturaleza global, dentro de una zona bajo la jurisdicción de una de las partes y que haya sido causado por una actividad propuesta cuyo origen físico esté ubicado total o parcialmente dentro de una zona situada bajo la jurisdicción de otra parte.

En ese sentido, se abordó la normativa de la región y los procedimientos de comunicación vinculados a estas normativas. En estos casos, plantean la necesidad de acudir a las notificaciones diplomáticas, comunicación en caso de emergencia ambiental, contaminación difusa, tráfico de vida silvestre de minerales o de sustancias peligrosas y los proyectos con impactos ambientales transfronterizos.

Se profundizó en el caso de contaminación transfronteriza de México y Guatemala por actividades mineras y los conflictos derivados, como la pérdida de la biodiversidad, los cambios en el uso de suelo, impactos a la salud, entre otros factores, que se replican en otros casos a lo largo de la región latinoamericana.

Frente a esto, se resaltó en los actuales acuerdos y tratados de cooperación regional impulsados por la REDLAFICA y Red Latinoamericana de Sistemas de Evaluación Ambiental (REDLASEIA), así como la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, MERCOSUR, entre otras instancias.

En ese sentido, las buenas prácticas vinculadas a mitigar los impactos anteriormente mencionados van de la mano con lo planteado por el BID en el Marco de Política Ambiental y Social (MPAS), las Normas de Desempeño y la Política Operativa de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias y Lineamientos (OP-703). Asimismo, se recalcó tanto el Marco Ambiental y Social (MAS) establecido por el Banco Mundial como la Evaluación de Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales.

Al finalizar el taller se generó un espacio de diálogo y se proyectó el trabajo de fiscalización y cumplimiento a partir de las necesidades regionales, instancia en la que Pedro Joaquín Gutiérrez, Director General de Planeación y Promoción de Auditorías de la PROFEPA, procedió a clausurar el evento, indicando que no existen recursos humanos suficientes para vigilar completamente las fronteras por lo que deben buscarse alternativas. Una de ella consiste en involucrar a la población en la vigilancia de los recursos naturales; para ello, la PROFEPA desarrolló los Comités de Vigilancia Ambiental Participativa. Otra alternativa es la oportuna cooperación entre los países fronterizos y de la región. La tercera alternativa propuesta fue el cabal cumplimiento de los convenios internacionales, particularmente la Convención Americana de Derechos Humanos y, más recientemente, el Acuerdo de Escazú.