En el encuentro, los integrantes conocieron sobre cómo funciona el modelo de sanciones de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
Santiago, 26 de septiembre de 2014. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), en el marco de la Ley 20.500, Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, citó al Consejo de la Sociedad Civil para realizar su tercera sesión del presente año.
En esta ocasión, los representantes de la instancia aprendieron sobre cómo funciona el “Modelo de determinación de sanciones” de la SMA. Este es el mecanismo institucional que emplea el organismo para sancionar las infracciones detectadas a los distintos instrumentos de gestión ambiental que tutela.
Marie Claude Plumer, jefa de la División de Sanción y Cumplimiento, explicó a los asistentes que la SMA recoge elementos de la teoría de sanciones efectivas, reconocidas a nivel internacional; empleando un modelo matemático para determinar las multas aplicadas.
Añadió que la Superintendencia sigue los principios de sanción ambiental que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los que se amparan en: disuasión, justicia económica y proporcionalidad a la naturaleza de la infracción y al daño causado.
Al respecto, la SMA se ha comprometido a publicar la política sancionatoria y monitorear que ésta efectivamente se cumpla. La entidad basa su modelo en tres elementos: La Ley Orgánica de la Superintendencia (LOSMA), su estrategia sancionatoria y un modelo matemático. Este último es una ecuación que posee un componente del beneficio económico obtenido más uno de afectación, buscando eliminar cualquier lucro obtenido por parte del infractor.
Por último, la profesional planteó los futuros desafíos de la institución, como crear una guía del modelo de sanción, configurar un modelo de pago de la infracción, que sea conocido por el regulado, y hacer constantes revisiones al sistema de sanción para perfeccionarlo en el tiempo.
Participantes de la reunión
En la sesión de hoy, participaron nueve miembros del Consejo: Su presidente, Sergio Montenegro (Centro de Derecho Ambiental de la U. de Chile); Paulina Riquelme (CPC); Jaime Espínola (Sofofa); Ricardo Barra (UDEC); Javier Gallego (CEP); Christián Valenzuela (CIRN); Ignacio Urbina (Comunidad y Justicia); Ana María Muñoz (CUT) y Felipe Leiva (UDD).
El Consejo tiene un carácter consultivo, representativo, plural y diverso. También participa en los procesos de consulta de los planes, programas o políticas en materia de seguimiento y fiscalización ambiental que la institución estime pertinente. La instancia está integrada por 10 representantes de gremios, ONG, universidades y centros de estudio.
