• Durante la segunda jornada de la conferencia de las partes del acuerdo, el Subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, presentó el instrumento que guiará la puesta en marcha de Escazú en Chile.

En el salón Raúl Prebisch de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), frente a los 16 Estados parte, los nueve estados observadores y los miembros de la sociedad civil y pueblos indígenas, el Subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, presentó en la COP3 de Escazú el Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE), considerada la hoja de ruta para avanzar en la puesta en marcha del acuerdo en Chile.

En su presentación, Proaño explicó los principales detalles que contiene este instrumento, destacando que fue creado de forma participativa, recogiendo para su materialización las voces de la sociedad civil de todas las regiones del país. “Con este Plan buscamos implementar progresivamente los estándares de los derechos de acceso en el país y desarrollar acciones que garanticen un ejercicio seguro para todas las personas que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales”, señaló.

Con un aplauso al unísono, los presentes -entre los que se encontraba la Superintendenta Marie Claude Plumer y la Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán- en la sesión valoraron el proceso de implementación que Chile está realizando, especialmente porque, pese a que es Estado parte desde el 11 de septiembre de 2022, ya es el cuarto país que presenta un plan de implementación, siento antecedido solo por Ecuador y Argentina. A esto se suma también el nuevo plan de Santa Lucía, presentado en la conferencia.

“Como país, hemos trabajado fuertemente para avanzar en la implementación de Escazú. El más reciente avance, y uno especialmente importante para nuestro Ministerio, ya que debimos coordinar a 34 instituciones públicas, fue la aprobación del Plan Nacional de Implementación Participativo de Escazú, que fue construido de manera colaborativa y coordinada entre instituciones estatales, sociedad civil, el sector privado y la academia”, señaló el Subsecretario del Medio Ambiente.

Además, detalló que “en este plan se establecieron 56 acciones generales y se identificaron más de 236 medidas específicas que las concretizan, que ayudarán en la implementación de Escazú entre 2024 y 2030. Esto es muy valioso y demuestra nuestro compromiso con el acuerdo, ya que pese a ser Estado parte hace menos de dos años, somos el tercer país en la región en presentar un plan de implementación”.

Sobre el PIPE

El PIPE está organizado en torno a cinco líneas estratégicas: acceso a la información ambiental, participación en la toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia ambiental, defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, y fortalecimiento de capacidades y cooperación. Puntos que coinciden con los principales pilares del propio Acuerdo de Escazú.
El pilar de acceso a la información ambiental tiene como objetivo implementar un sistema eficiente y accesible para el manejo de la información ambiental garantizando el acceso gratuito, la generación y actualización continua y la comprensión amplia de los datos por todas las personas interesadas. Para conseguirlo se plantean acciones como actualizar periódicamente la información ambiental dispuesta en las distintas plataformas y sistemas de información, utilizando un lenguaje claro y comprensible para la ciudadanía o el promover la transparencia de la información ambiental de empresas privadas y públicas.

La participación en la toma de decisiones ambientales plantea como meta fortalecer los marcos de participación ciudadana en la gestión ambiental a nivel nacional, regional y local, alineándolos con los principios y estándares del Acuerdo de Escazú. Para ello se proponen medidas como promover la implementación de procesos de participación pública temprana, orientada al involucramiento del público en etapas iniciales del proceso de toma de decisiones ambientales o fortalecer la participación de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones ambientales.
En tanto, el acceso a la justicia ambiental busca desarrollar acciones que potencien la educación y difusión de herramientas de acceso a la justicia ambiental y faciliten la asistencia legal y técnica, promoviendo procedimientos eficientes para asegurar las garantías del debido proceso en asuntos medioambientales. Así, aparecen medidas como difundir y educar sobre las herramientas y normativa ambiental para el acceso a la justicia y disminuir las asimetrías para acceder a la justicia y avanzar hacia la protección de datos personales.

Sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales el PIPE busca generar mayor conocimiento y reconocimiento a la labor que realizan personas, organizaciones y grupos que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Así, se plantea elaborar un diagnóstico sobre la situación de los y las defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales o reforzar los contenidos relativos a la labor de promoción y defensa del medio ambiente en programas de capacitación o instancias formativas dirigidas a funcionarios públicos de la institucionalidad ambiental.

Finalmente, el fortalecimiento de capacidades y cooperación tiene como objetivo promover instancias para el fortalecimiento de capacidades y la sensibilización ambiental de diversos actores de la sociedad, así como espacios de cooperación, alianzas e intercambios entre países. Entre las acciones de esta línea aparecen el capacitar en los derechos de acceso, a funcionarios/as públicos/as y municipales, y autoridades de distintos niveles, utilizando diferentes recursos y formatos educativos o desarrollar material didáctico, informativo y educativo para diferentes públicos.

Si quieres revisar el Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE), encuéntralo aquí.